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Coloquio de Investigación realizado por la profesora Sara Moreno

En el marco de los Coloquios de Investigación la profesora expuso parte de su trabajo actual de investigación.

Coloquio de Investigación realizado por la profesora Sara Moreno

Los Coloquios de Investigación, desarrollados desde el año 2015, constituyen una instancia de acercamiento de los alumnos a las investigaciones llevadas adelante por los profesores de la Facultad. Se han instaurado como instancia de diálogo e intercambio de ideas en tópicos relevantes en áreas de investigación.

El 5 de octubre, la profesora Sara Moreno, Coordinadora de la Línea de Derecho Comercial de la Facultad, expuso ante el curso del profesor Andrés López, coordinador también de la línea, sobre El Solidarismo Contractual ¿Un nuevo paradigma contractual?

Parte de la exposición trató sobre nuestro derecho contractual, sosteniendo que “tal cual se encuentra cristalizado en nuestros códigos civiles continentales, se estructura en torno al paradigma de la autonomía de la voluntad. Este concepto que nos es muy familiar, tiene un doble aspecto. Por un lado, la autonomía de la voluntad juega un rol de técnica jurídica en el fenómeno contractual, en cuanto se erige como uno de los requisitos necesarios a la existencia y eventual modificación del contrato -el otro es evidentemente la conformidad a la ley-. Por otro lado, es necesario tener en cuenta que esta técnica jurídica es contextualizada de una manera bien particular.

 Al respecto, cabe primeramente recordar que el Code Napoleon fue redactado quince años después de la revolución francesa, y como tal, éste se encuentra profundamente enraizado en la filosofía política de la abstracción, por espíritu de contradicción. En efecto, la sociedad pre-revolucionaria francesa engastaba los individuos en su determinismo social, y como tal, cada cual llevaba la marca de su nacimiento, de su origen social, fijando así sus derechos y obligaciones específicas, y de cierto modo el destino que les estaba reservado. Como reacción a este determinismo social, los revolucionarios de 1789 redujeron el sujeto a puras abstracciones, despojados de sus especificidades, para considerarlos únicamente en su esencia común de sujeto autónomo. En el imaginario revolucionario, la abstracción es una condición de la igualdad entre los ciudadanos, por lo que toda consideración o referencia social del individuo devino insoportable, y fuente de injusticias. Así, la sociedad nueva creada por la Revolución, era una sociedad de sujetos abstractos, iguales y libres.

En resumidas cuentas, la noción contractual continental de autonomía de la voluntad conjuga una técnica jurídica –la voluntad de los sujetos creadora de derechos y obligaciones entre ellos-, con una visión filosófica de la sociedad –los sujetos son autónomos, libres e iguales-.  Inserta entonces en este contexto en el que predominan las individualidades, todas iguales, todas parejas, la voluntad de las partes no sólo se erige como elemento estructurador del contrato, sino que además deviene impenetrable. En efecto, si no hay otro contexto de apreciación del contrato -como fruto de la expresión de la voluntad- que el de la suma de sujetos iguales y libres que disponen de sí y de su patrimonio en total autonomía, no hay ninguna razón para agregarle criterios de ponderación o valoración adicional. La ecuación es perfecta, y como decía Fouillée, lo que es contractual es justo.

Como reacción a esta configuración jurídica contextualizada en lo abstracto, aparecieron a principios del siglo XX, las teorías solidaristas, que denunciaban la falsedad intrínseca del postulado de la escuela autonomista. En efecto, el imaginario republicano liberal del ciudadano abstracto padece de una irremediable inadecuación respecto a la realidad social que pretende aprehender. La realidad de la época –que no ha cambiado demasiado, hay que reconocerlo-, era que la mayor parte de estos ciudadanos abstractos cuya libertad había sido consagrada por el sistema jurídico post-revolucionario, la ejercía en el marco de una alienación económica violenta. Este déficit de realidad social del imaginario liberal planteó lo que entonces se llamó, la cuestión social. De modo que se propone en estas teorías, tomar en consideración el hecho que todos los sujetos de la sociedad se interrelacionan inexorablemente, y están presos de una red de obligaciones recíprocas de las que no pueden liberarse. Dentro de esta red de obligaciones, las situaciones de los individuos son distintas, y no tienen siempre el mismo grado de libertad, o el mismo grado de discernimiento, lo que legitima la intervención estatal con el fin de proteger a aquellos sujetos más desprotegidos. Por ende, la voluntad de las partes como técnica jurídica creadora de derechos y obligaciones, debe interpretarse en el marco de un contexto social real en el que su valor fatalmente no es el mismo en todas las situaciones.

Por ende, si en materia contractual lo que se busca es la justicia conmutativa –como lo enuncia nuestro mismo Código, y no la explotación o expoliación de unos a favor de otros-, las relaciones contractuales deberán obedecer a una lógica de cooperación mutua, y permitir la intervención del Estado.

Ahora bien, así presentado el solidarismo parece una teoría bien utópica, muy alejada de nuestras dinámicas jurídicas continentales. Pero en realidad, es mucho más concreto de lo que podría parecer. A lo largo del siglo XX, ha teñido e inspirado tanto la jurisprudencia como legislación comparada europea e incluso chilena en varios aspectos. Por ejemplo, en nuestro país, la promulgación a fines de la década de los 90 de la legislación de protección a los derechos del consumidor, recoge la preocupación de la cuestión social que planteamos, y contextualiza en la realidad social el fenómeno contractual en el área de los contratos de consumo. Más ampliamente, en Europa, se puede sostener que el solidarismo ha permeado otras áreas del derecho contractual, a través por ejemplo de la fiscalización de las cláusulas abusivas en los contratos mercantiles, o en la muy inminente reforma del Código Civil francés”.

  • Publicado en: Derecho
  • Publicado el: 03.10.16